La Justicia de Salta avanza en la investigación de más de medio centenar de concejales y funcionarios públicos de distintas localidades que, durante el 2020 y en plena pandemia y crisis económica, percibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
La «avivada» se registró en varias localidades salteñas y, tras el descubrimiento del primer «caso positivo», la investigación determinó que 52 legisladores de más de 20 localidades y de todos los partidos políticos, además de 10 funcionarios de municipios y tres gerentes del PAMI, se habían inscripto para percibir el IFE cuando, en realidad, el beneficio no les correspondía.
Del total de funcionarios apuntados por la Justicia, solamente 24 acordaron devolver el dinero, totalizando $1.400.000 que deberán regresar a las arcas públicas, además de realizar tareas comunitarias en compensación y no podrán presentarse como candidatos en las dos próximas elecciones. Mientras que otros serán llevados a juicio oral y, en el caso de dos gerentes de PAMI, los mismos fueron condenadaos a penas de tres años de prisión.
