Fallo judicial sostiene que es inconstitucional el decreto que declaró “servicios públicos” a las telecomunicaciones. Una medida cautelar, iniciada por un representante de la industria de la provincia de Córdoba, determina la suspensión del DNU 690 y del DNU 311. La medida alerta sobre un inminente incremento de tarifas en todos los servicios alcanzados, es decir Telefonía, TV paga e Internet.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) fue notificado este martes de una resolución judicial que restablece la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones de fijar sus precios, como servicio en competencia, a los fines de garantizar la continuidad, la sustentabilidad y la calidad del servicio que brindan cientos de empresas en todo el país.
En otras palabras, un juzgado suspendió la vigencia de las polémicas medidas del Gobierno que determinaron que los servicios de telecomunicaciones sean considerados como «servicios públicos» y sus precios sean pasibles de regulación estatal.
La medida cautelar, iniciada por un representante de la industria de la TV por cable de la provincia de Córdoba, determina la suspensión del DNU 690, del DNU 311 y de todo acto dictado como consecuencia de dichas normas.
Asimismo, ordena al Poder Ejecutivo Nacional y al Enacom abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
De acuerdo con lo dispuesto por la Justicia, el organismo regulador no se encuentra facultado a continuar dictando normas derivadas del DNU 690 ni ejecutando las ya dictadas, las que se encuentran suspendidas de un modo general, alcanzando a todos los operadores TIC de la Argentina.
Tironeo por las tarifas
Según el fallo, de la prueba aportada surge que la imposibilidad de fijar los precios libremente establecida por el Decreto 690 -que declaró servicios públicos a las TICs, incluyendo a la TV por cable- impide a las empresas poder recuperar las inversiones realizadas y continuar prestando sus servicios tal como hacen hoy.
«Cabe destacar que la situación de nuestra industria empeoró con el dictado de la Resolución 1466 de diciembre pasado, que únicamente autorizó un aumento entre el 5 y el 8%», señalan desde la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC).
Y agregan: «Ello resulta absolutamente irrazonable e insuficiente en tanto la inflación oficial del año pasado fue del 36% según el INDEC y nuestros precios están congelados desde hace más de un año».
Un decreto contrario a la Constitución
La medida judicial sostiene que la modificación unilateral de las condiciones de prestación de nuestros servicios, derivada del DNU 690 que los califica como servicio público, no respeta lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
«El fallo deja en claro que los derechos vulnerados no son sólo los de la empresa y quienes dependen de ella, sino también los de todos aquellos que se sirven de los servicios que ésta presta. En otras palabras, que los usuarios pueden verse privados de continuar recibiendo los servicios contratados», interpretan desde la ATVC.
«Como durante los meses más duros de la pandemia, los operadores estamos dispuestos a colaborar para atender situaciones de vulnerabilidad, para establecer mecanismos de emergencia y para contribuir a un acceso universal de los servicios básicos», añaden.
«Pero para ello necesitamos asegurar la sustentabilidad y la continuidad operativa de quienes nacimos, crecimos y operamos sin subsidios y en competencia a lo largo y ancho de todo el país», concluyen. (iProfesional)
