Sin pasar por la Legislatura, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, otorgó un permiso especial para una obra en construcción del barrio de Palermo.
Se trata de una serie de viviendas de categoría, ubicada en un terreno donde se encuentra la confitería Selquet. El Gobierno porteño otorgó una excepción a la desarrolladora Compañía Buenos Aires SA, que genera un beneficio extra de 70 millones de dólares.
Teóricamente, este tipo de excepciones urbanísticas, que e GCBA otorga para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, deberían pasar indefectiblemente por la Legislatura. Sin embargo, en este caso no ocurrió.
Por eso, legisladores del Frente de Todos, elevaron un pedido de informes al Ejecutivo porteño para que explique el “sorprendente otorgamiento de la factibilidad urbanística” para el emprendimiento de viviendas de lujo, que la constructora Compañía Buenos Aires SA realizará, en el predio del bar restaurante Selquet, que se encuentra frente a los bosques de Palermo.
Este permiso especial de urbanización, fue otorgado en medio de la pandemia, por el cual se les permite a la empresa construir 8,4 metros más de altura que los permitidos por el Código Urbanístico, que “representan una valorización de 21 millones de dólares del suelo, y unos 70 millones a precio de mercado”, según explicó el legislador del Frente de Todos, Matías Barroetaveña, en diálogo con el diario Página 12.
En medio de la cuarentena, producto de la pandemia del covid19, más precisamente entre el 26 y 27 de marzo pasado, el Consejo del Plan Urbano Ambiental (Copua) dio su aprobación, mediante teleconferencia.
Barroetaveña, integrante de la Comisión de Planeamiento Urbano, explicó que “el Copua, sólo integrado por el oficialismo, emitió un dictamen luego consolidado en una disposición de la DGIUR a favor de la empresa Compañía Buenos Aires SA, de la familia de Marcelo Mindlin, permitiendo construir un edificio de 28,4 m de altura donde se podían construir 20 mts, y solo 10 mts cuando el empresario compró el terreno, en el 2017. Con esta resolución produce un incremento del precio del terreno de 21 millones de dólares según la estimación oficial, que pasan a ser 70 millones de dólares a precios de mercado de unidades terminadas”.
En este sentido, los legisladores piden al GCBA que se “detalle cuáles fueron los argumentos urbanísticos y normativos utilizados para concederle la factibilidad”.
