Los diputados a favor del aborto legal tendrían prácticamente asegurado el dictamen de mayoría en las comisiones, con tan solo cinco legisladores indefinidos que integran esos cuerpos.
Este martes se inicia en la Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento en plenario de comisiones del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) enviado al Congreso nacional por el presidente Alberto Fernández. La jornada comenzará con presentaciones de funcionarios del Ejecutivo y luego será el turno de 50 expositores –25 a favor y 25 en contra– que tendrán la oportunidad de sentar posición sobre el proyecto hasta la jornada del miércoles. Entre el jueves y el viernes será el turno de los diputados de la Nación, quienes debatirán para buscar dar dictamen de cara al tratamiento en el recinto.
La cita es este martes a las 10:00 horas, cuando se presenten ante el plenario de comisiones, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, quien coordinó la redacción del proyecto.
Agenda urgente
A partir del jueves los legisladores debatirán el proyecto para darle despacho. La intención del oficialismo es poder emitir dictamen con el articulado definitivo en la reunión del viernes, con el objetivo de que la ley sea tratada en el recinto durante la segunda semana de diciembre. Así, la proyección ideal es que, de aprobarse en Cámara Baja, el proyecto pueda llegar a debatirse en el Senado en sesiones extraordinarias antes de que finalice 2020.
El proyecto
El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que envió el Presidente al Congreso establece que «las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar» tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Además, habilita la «objeción de conciencia» por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.
En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá «el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo» si «fuere resultado de una violación», cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona.
