Un numeroso grupo de personas vinculadas a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) volvió a atacar con violencia en la noche del miércoles una vigilia instalada en una rotonda del barrio Plan 3000 por trabajadores, vecinos y dirigentes sindicales que pretenden resguardar su actividad económica en rechazo al paro cívico que impulsa la derecha en la región de Santa Cruz.
El ataque coincidió con el fin del plazo de 72 horas que el cabildo cruceño había fijado el domingo por la noche para obtener la liberación de una docena de dirigentes que fueron detenidos por cometer actos de violencia a largo de los 27 días de protesta por la fecha en que se realizará un censo nacional, cuyos resultados pueden beneficiar al sector si arrojan un crecimiento poblacional en esa próspera región boliviana.
“La Policía intervino y evitó que los unionistas, brazo operativo y paraestatal del Comité Pro Santa Cruz, liderado por Rómulo Calvo, ataquen y saqueen los negocios del lugar y el mercado ubicado en la zona”, publicó la estatal agencia de noticias ABI.
(FW)”La Policía intervino y evitó que los unionistas, brazo operativo y paraestatal del Comité Pro Santa Cruz, liderado por Rómulo Calvo, ataquen y saqueen los negocios del lugar y el mercado ubicado en la zona”
Un periodista de Bolivia Tv estuvo en el lugar y relató pasadas las 22 que los agresores trataron de saquear un negocio e hicieron detonar petardos de alto poder en su intento por levantar la vigilia.
En el Plan 3000 viven, principalmente, migrantes del occidente del país opuestos a las acciones y decisiones de los cívicos. Durante el paro indefinido las actividades en este plan, como en otras zonas, se desarrollaron con relativa normalidad.
“Desmentimos al canal Unitel, que dice que todos los habitantes de aquí somos pagados del MAS (el oficialismo a nivel nacional), y que atacamos; eso es falso, ellos vienen a querer saquear.¿Qué más quieren? ¿quieren matarnos?! ¡Ya he entrado en quiebra!, ayer se ha vencido mi alquiler ¿Ellos me van a dar? ¡No me van a dar nada!”, cuestionó una de las afectadas, citada por ABI.
El conflicto por la realización del censo nacional en Bolivia, cuya fecha ya fue fijada mediante decreto por el gobierno de Luis Arce para marzo de 2024, se convirtió en un reclamo para que la cita sea confirmada por ley, iniciativa que no tendría fácil trámite y, en consecuencia, le daría a la oposición otro motivo para mantener las protestas y el paro, que ya causó pérdidas al país por más de 800 millones de dólares.
Legisladores cruceños de las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos se reunieron con miembros del Comité Interinstitucional para redactar juntos un proyecto de ley, pero en la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento nacional boliviano) no tienen la cifra de legisladores para imponerla en el temario, y en las filas del oficialista MAS existen divergencias entre los más cercanos al presidente Arce y quienes reconocen el liderazgo del exmandatario Evo Morales.
Según publica el diario Página Siete, el “ala renovadora” del MAS respalda la aprobación de una ley que confirme la fecha de 2024, mientras que “los ‘evistas’ rechazan cualquier iniciativa de ese tipo”.
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