La Cámara Federal porteña confirmó procesamientos por el delito de “daño agravado” a tres de los acusados por los incidentes frente al Congreso Nacional ocurridos el 10 de marzo pasado, durante el debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Cámara de Diputados y ratificó al Senado como querellante en la causa.
En tanto, la jueza que lleva la causa, María Eugenia Capuchetti, excarceló a otros tres imputados: Oscar Santillán, Jaru Rodríguez Carrero y Julián Lazarte, quienes habían sido detenidos hace un mes por la Justicia de la ciudad de Buenos Aires y ahora quedaron a disposición del fuero federal, tras unificarse dos causas que se llevaban de manera separada, informaron a Télam fuentes judiciales.
El Tribunal de Apelaciones con sede en Comodoro Py 2002 confirmó los procesamientos dictados por Capuchetti a los primeros tres imputados en la causa a su cargo pero por el delito de “daño agravado”, mientras que revocó la acusación de “intimidación pública”, según el fallo de los jueces Martin Irurzun y Eduardo Farah al que tuvo acceso Télam.
Además, en otra resolución rechazó una queja de la defensa por la decisión de aceptar al Senado como querellante en el caso, tomada por Capuchetti.
“Se comparta o no el criterio que se fijó en esa solución, lo cierto es que la defensa no ha expresado cuál es su crítica concreta o su juicio de censura sobre los aspectos centrales” en relación a la aceptación del Senado como parte en el caso, explicaron los jueces al rechazar la queja.
En cuanto a la confirmación de los procesamientos de tres de los acusados, los camaristas remarcaron que “las evidencias muestran que aproximadamente a las 15” de ese día, “un grupo de personas, algunas con sus rostros cubiertos, se desprendió de otras que estaban manifestándose y empezó a arrojar -a mano o con ‘gomeras’ -piedras, cascotes y bombas de pintura al Parlamento y al personal policial”.
“También se usaron martillos o mazas para romper la vereda y aerosoles para afectar la fachada. Están acreditados (y valuados en alrededor de seis millones de pesos) los daños concretados sobre diferentes bienes del edificio, como cristales de las ventanas y paredes, entre otros”, remarcaron los jueces en la resolución.
Con estos argumentos confirmaron los procesamientos por “daño agravado” pero revocaron el dictado por el delito de “intimidación pública” ya que reprime a quienes realizan “actos materiales tendientes a provocar los efectos descriptos -temor, tumulto, desorden-, y quedan fuera de esa hipótesis las conductas de aquellas personas que, ajenas a esa idea, cometen actos concretos encuadrables en otras figuras penales, tales como daños a edificios públicos”.
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