Romina Picolotti, exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, fue condenada este lunes 27 de septiembre a la pena de 3 años de prisión de «ejecución condicional» y a restituir al estado casi 7 millones de pesos por haber cometido el delito de defraudación en contra de la administración pública, al pagar gastos familiares y personales con fondos públicos.
Ante el Tribunal Oral Federal Nº6, Picolotti había pedido que se dicte su absolución en el juicio oral en el que está acusada de «defraudación contra la Administración Pública» por gastos suntuarios durante el ejercicio de su gestión.
«Lamento profundamente que el Estado haya gastado 14 años de recursos, sobre todo el tiempo de los magistrados aquí presentes, para lo que es evidente, que yo no cometí delito alguno», aseguró la ex funcionaria en lo que fueron sus últimas palabras ante el tribunal, antes de conocer el veredicto.
El fiscal Diego Luciani había reclamado que sea condenada a tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo y al reintegro de unos siete millones de pesos a las cuentas públicas. En cuanto a la restitución del dinero, no se hará efectiva hasta tanto la sentencia quede firme, pero el tribunal le advirtió que una vez cumplida esa etapa podrá ejecutar sus bienes embargados para hacer frente a esa parte de la condena.
“Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas sin justificación, pasajes de avión para familiares y costosos vuelos charters”, argumentó Luciani.
Los fundamentos del fallo, en tanto, se darán a conocer el próximo 25 de noviembre a las 16.
La exsecretaria de Ambiente presentó su renuncia al cargo en 2008, mientras que la denuncia en su contra por malversación de fondos públicos a raíz de presuntos gastos irregulares, realizados mientras ocupaba el cargo, data de 2007.
En ese entonces, fue acusada por una infinidad de gastos irregulares durante su gestión con fondos públicos, entre ellos, gastos personales, comidas, perfumes, flores, alimento para mascotas, sahumerios y vuelos charters para familiares y allegados, pese a que argumentó que tuvieron relación con la tarea que llevaba adelante.
Entre los gastos cuestionados están la compra de flores en La Orquídea el 8 de agosto de 2006 por 80 pesos; comidas en Puerto Sorrento, Il Gatto y Hooters con dinero público, entre otros.
También se la acusa por una gran cantidad de vuelos privados que contrató para ella y su familia: si bien adujo desarraigo a raíz de que son oriundos de Córdoba, la Justicia señaló que para esa fecha todos residían en Buenos Aires.
«No acepté el cargo de secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para comer medialunas o ir a bares como Hooters. Lo hice para llevar adelante una política ambiental seria en Argentina», dijo Picolotti tiempo atrás.
El caso, que tramitó en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, fue investigado por la jueza María Servini y el fiscal Guillermo Marijuán y pasó a juicio oral en el 2015.
Picolotti basó su defensa en que los gastos suntuarios que se le atribuyen no sólo no están probados, sino que tampoco se realizó un peritaje caligráfico para establecer si la autorización de gastos fue firmada por ella.
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