Luego de un largo «ida y vuelta» judicial, finalmente el gobierno de Alberto Fernández autorizó el incremento solicitado por las empresas de medicina prepaga, el cual se ubicará entre un 7 y un 8 por ciento.
Dicho incremento sería parte de un conjunto de medidas que, en el corto plazo, prevén un desembolso de $11.400 millones en concepto de subsidios, destinados a las obras sociales sindicales para compensar el aumento de los costos de los tratamientos por discapacidad.
