El último informe global de la UNI Global Union y la Confederación Sindical Internacional (CSI), con 332 organizaciones afiliadas en 163 países y territorios en los cinco continentes, encontró que el 98% de los trabajadores del mundo no reciben compensaciones por enfermedad, reemplazo de salario y beneficios sociales que necesitan para soportar los impactos del COVID-19.
El informe, titulado “COVID-19: Una enfermedad ocupacional: dónde los trabajadores de primera línea están mejor protegidos”, analizó y clasificó los niveles de compensación laboral, programas de seguridad social y sistemas de salud pública en 181 jurisdicciones nacionales y regionales, incluyendo 124 países, así como 37 estados de Estados Unidos, 13 provincias y territorios canadienses y siete estados australianos.
De acuerdo a los resultados finales, los cinco primeros países del informe fueron Argentina, seguido de Austria, Suecia, Francia y España.
Los resultados
Las diez jurisdicciones mejor calificadas en el estudio, que incluyeron Argentina, Massachusetts, New Hampshire y Nueva Jersey, brindan el mejor apoyo para los trabajadores afectados por COVID-19. Sin embargo, estas jurisdicciones representan solo el 2% de la población activa mundial, lo que deja a la gran mayoría de la población trabajadora con provisiones y beneficios limitados si se ven afectados por el virus.
Poco más de la mitad (98 jurisdicciones) reconocen al COVID-19 como una enfermedad ocupacional a través de un proceso regulatorio formal, que permite a las personas que han contraído el coronavirus en el trabajo acceder a protecciones y derechos sociales, como pago por enfermedad, atención médica y reemplazo de salario de lo contrario se negará. Este reconocimiento es particularmente importante para los trabajadores que sufren de COVID prolongado y otras complicaciones continuas de la enfermedad.
Sin embargo, incluso donde el COVID-19 se reconoce como una enfermedad ocupacional, los gobiernos a menudo niegan los beneficios porque los trabajadores no pueden probar que contrajeron el virus en el trabajo. Para remediar este problema, el 6% de las jurisdicciones adoptaron leyes o políticas, suponiendo que la enfermedad se contrajo en el trabajo, lo que elevó las respuestas de estos países a la pandemia a lo más alto de la clasificación.
Críticas y pedidos
Al respecto, Christy Hoffman, secretaria General de UNI Global Union, dijo: “Los gobiernos le están fallando a los trabajadores de primera línea que apoyan a nuestras comunidades durante la pandemia al obligarlos a asumir las cargas físicas, psicológicas y financieras del COVID-19 por su cuenta. Estos trabajadores, a menudo mujeres, migrantes y trabajadores de color, no deberían tener que elegir entre su salud personal y su salud financiera. El reconocimiento de COVID-19 como una enfermedad ocupacional combinado con la calificación automática de beneficios para los trabajadores en primera línea ayudará a garantizar que los trabajadores tengan la mejor oportunidad posible de obtener los beneficios y la compensación que merecen”.
Por su parte, Sharan Burrow, secretaria General de la CSI, expresó: “No podemos dejar que los trabajadores de primera línea se pierdan sin protección social. Una recuperación resiliente necesita un nuevo contrato social, que brinde a los trabajadores la mejor oportunidad posible de obtener los beneficios y la compensación que merecen, con un Fondo Mundial de Protección Social como primer paso hacia los derechos universales. Para ello, hacemos un llamado a la Organización Internacional del Trabajo para que reconozca con urgencia al COVID-19 como una enfermedad ocupacional, como parte del impulso para hacer de la salud y seguridad ocupacional un derecho fundamental”.
Algunos puntos
– Solo diez jurisdicciones (5,5%) recibieron las calificaciones más altas que indican disposiciones buenas o muy buenas para reemplazo de salario, tratamiento médico, pago por enfermedad y beneficios por muerte.
– La paga por enfermedad estaba disponible en 104 jurisdicciones, lo que significa que casi el 43% de los trabajadores no tenía acceso a licencia por enfermedad remunerada.
– Solo el 6% de las jurisdicciones estudiadas tenían presuntas reglas, regulaciones, leyes o políticas que otorgan acceso automático sin prueba a tratamiento médico y reemplazo de salario para todos los trabajadores. Sin embargo, al considerar a los trabajadores de la salud este porcentaje se elevó al 17%.
– En Alemania y los países nórdicos, la legislación existente sobre enfermedades infecciosas significa que los trabajadores que contratan COVID-19 tienen acceso automático a licencia por enfermedad, reemplazo de salario y atención médica. No se necesitaba ningún cambio formal en la legislación para apoyar a los trabajadores. Proporcionan algunos de los mejores ejemplos de cómo un país podría prepararse para futuras pandemias.
Recomendaciones
UNI Global Union y la CSI están haciendo cinco recomendaciones políticas clave para garantizar un mejor apoyo a los trabajadores de primera línea:
– Calificación automática para beneficios relacionados con la enfermedad COVID-19
– Cobertura para todos los trabajadores independientemente de la relación laboral
– Recopilación de datos confiable
– Inclusión de una categoría general de enfermedades infecciosas ocupacionales en las leyes y políticas
– Licencia por enfermedad pagada para pruebas y recuperación
– UNI Global Union representa a 20 millones de trabajadores en habilidades y servicios en más de 150 países, incluidos dos millones de trabajadores en cuidados.
