El diputado nacional Gustavo Menna afirmó que “no pueden manejarse las decisiones vinculadas a YPF como si fuera un botín político en el que distintas facciones se reparten cargos y nombramientos”, al presentar, junto a la legisladora mendocina Jimena Latorre, un pedido de informes al Ejecutivo Nacional y al Directorio de la empresa de mayoría estatal para que den respuestas concretas y detalladas sobre su situación financiera.
El proyecto fue realizado con aportes de Jorge Lapeña, Alejandro Einstoss y Julián Rojo, representantes del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, y de Daniel Montamat, expresidente y director de YPF.
La solicitud se fundamenta en lo trascendental que resulta YPF para el sector energético nacional y en las implicancias que puede asumir en todo el sistema financiero nacional, además de su incidencia directa en la imagen y credibilidad de la Argentina en el plano internacional.
“Una vez más están destruyendo YPF”, indicó Menna. Recordó que el actual gobernador de Buenos Aires y ex ministro de Economía de la Nación, Axel Kiciloff, “pagó u$s 5.000 millones por la expropiación del 51% de la compañía (u$s 10.000 millones si se computa el costo financiero de los títulos de deuda que emitió para pagarle a Repsol)”, mientras que actualmente “toda la empresa vale u$s 1.500 millones y tiene deudas por más de u$s 8.207 millones”.
“YPF está en riesgo de default por la imposibilidad de pago de la deuda tomada durante la gestión de Galuccio como CEO y presidente del Directorio entre 2012 y 2015”, argumentó.
Agregó el legislador que el año pasado la empresa “anunció inversiones por u$s 2.718 millones y solo lo hizo por u$s 1.017 millones”. Y que “la caída en la producción de gas por parte de YPF también es alarmante: 16% en 2020, casi duplicando la caída total de la Argentina que fue de más del 9%”.
Menna indicó que, según los balances de la empresa, “al cierre del tercer trimestre de 2020 tuvo ingresos 30% inferiores a los del mismo período de 2019, y sus pérdidas fueron de u$s 1.637 millones”.
Escenario
El legislador enfatizó que “en ese contexto, se remueve al presidente del Directorio sin que ninguna autoridad dé las explicaciones debidas. Esas explicaciones son ineludibles, ya que más allá de tratarse de una sociedad anónima, el Estado Nacional es el socio propietario del 51% de las acciones. Y, como ya lo dijo la Corte en el caso ‘Giustiniani’, cuando se pretendía la confidencialidad del acuerdo con Chevron, eso obliga a dar información pública”.
“Para pagar ese 51% estamos todavía pagando la deuda que emitió Kiciloff, con lo cual no pueden manejarse las decisiones vinculadas a YPF como si fuera un botín político en el que distintas facciones se reparten cargos y nombramientos”, finalizó.
La deuda de YPF es objeto de una nueva renegociación que intenta modificar el perfil de vencimientos de capital e intereses. “En ese contexto la empresa lanzó una agresiva oferta al mercado que en primera instancia fue rechazada y puso a YPF camino a un default que, de concretarse, tendría importantes consecuencias no solo para el sector energético sino para el financiamiento del resto de los sectores económicos”, analizaron desde el entorno de los legisladores.
