Estaba internado en el Sanatorio Otamendi, al que un juez había ordenado –a pedido de la familia y el médico personal del anciano- una sustancia potencialmente tóxica y sin eficacia demostrada contra el coronavirus. Alarma en la comunidad científica.
Oscar Jorge García, de 92 años, falleció este lunes por coronavirus. Estaba internado en el Sanatorio Otamendi y su caso quedó en medio de la polémica luego de que un juez ordenara a la clínica suministrarle dióxido de cloro –por impulso de la familia y su médico particular-, pese a que la sustancia no está autorizada para este fin por ninguna autoridad sanitaria.
El fallo se conoció en los últimos días y desató un fuerte repudio en la comunidad médica y científica. El dióxido de cloro es una sustancia potencialmente tóxica, cuya eficacia contra el covid-19 no está demostrada y que no cuenta con la autorización de la Anmat. Además tiene efectos colaterales graves y potencialmente fatales.
Así y todo, el juez federal Javier Pico Terrero determinó que el paciente debía ser tratado con nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro, siguiendo la indicación que había dado el neurocirujano personal del hombre, Dante Convert. El hijastro del paciente presentó la medida judicial y pidió una resolución urgente, tras el fallecimiento de su mamá, esposa de García.
“Me preocupa que un juez ordene un tratamiento médico y que además ese tratamiento no esté autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación, ni por ningún Ministerio de Salud del mundo, me parece mucho más preocupante”, dijo a Página 12 Carlos Damin, jefe de Toxicología del Hospital Fernández.
Ignacio Maglio, abogado de la Fundación Huésped y del Hospital Muñiz, y miembro del Comité de expertos en Bioética convocados por el Ministerio de Salud de la Argentina, definió el caso como “una aberración jurídica y un escándalo”. Por su parte el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, advirtió: “Hemos visto muchos casos de muertes por intoxicación de dióxido de cloro y estamos muy preocupados por esta situación. Antes de tomar estas decisiones, los jueces tienen que asesorarse con Sociedades Científicas”.
